QUIÉNES SON LOS AMIGOS DE LA DEMOCRACIA Y CÓMO LUCHAN CONTRA LA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA

 

I. El hecho y su paradoja

El 9 de abril de 2026, el Pleno del Senado de España aprobó la creación de una comisión de investigación sobre la gestión informativa, financiera y patrimonial de Radio Televisión Española (RTVE). La votación reflejó la aritmética de la Cámara Alta: 144 votos del Grupo Popular, 2 de Vox y una abstención de UPN. El resto de los grupos parlamentarios —en señal de protesta por considerarla innecesaria e ilegítima— abandonaron la votación sin participar en ella.

La paradoja que anida en este acontecimiento merece un análisis riguroso, porque condensa una de las contradicciones políticas más reveladoras de nuestro tiempo. RTVE es, en el momento en que se aprueba esa comisión, el medio de comunicación televisivo líder de audiencia en España. No lo afirma el Gobierno, ni los sindicatos del ente público, ni sus trabajadores: lo certifican los datos objetivos del mercado de la comunicación. La corporación cerró el ejercicio más reciente con un superávit de 55 millones de euros. Su programación ha recuperado cuotas de pantalla que la televisión pública española no conocía desde hacía años.

¿Cómo explicar, entonces, que quienes se presentan ante la ciudadanía como defensores del libre mercado, de la competencia leal y de la libertad de empresa decidan emplear la maquinaria parlamentaria para investigar, cuestionar e intentar desestabilizar precisamente al operador que está ganando en el mercado? ¿Desde qué principio liberal, desde qué coherencia económica puede justificarse que el éxito de audiencia sea razón suficiente para abrir una investigación parlamentaria? La pregunta no es retórica. Es la clave analítica de este artículo.

II. El liberalismo como ideología selectiva

El liberalismo económico, en su formulación clásica —desde Smith hasta Hayek— descansa sobre un principio rector: el mercado es el mecanismo de asignación de recursos más eficiente, porque agrega de forma descentralizada las preferencias de millones de actores individuales. El precio, la demanda, la cuota de mercado son, desde esta perspectiva, el veredicto soberano de los consumidores. Nadie debería interferir en ese veredicto salvo en casos de fallo de mercado perfectamente acreditado.

La audiencia televisiva es exactamente eso: el veredicto del mercado en el sector audiovisual. Cuando una cadena lidera sistemáticamente la medición de audiencias, el mercado está hablando. Está diciendo que su oferta programática satisface las preferencias de la mayoría del público disponible. Si ese principio se aplica a la empresa privada, su lógica es idéntica cuando el operador que lidera es público. El mercado no distingue de titularidades: mide consumo, preferencia y elección.

Sin embargo, en el caso de RTVE en 2026, observamos una operación de selectividad ideológica flagrante. El mismo sector político que invocaría el veredicto del mercado para proteger a un operador privado de la intervención pública utiliza ahora el poder político —y nada menos que el instrumento parlamentario más gravoso, la comisión de investigación— para cuestionar, fiscalizar e intentar intervenir sobre un operador público que ha ganado en ese mismo mercado.

Esta selectividad no es accidental. Es estructural. El liberalismo realmente existente en España —como en la mayor parte de las democracias occidentales— no es un principio filosófico coherente; es un instrumento retórico al servicio de intereses económicos concretos. Se invoca cuando protege a ciertos actores económicos; se abandona cuando los perjudica.

III. La economía política del audiovisual y los intereses en conflicto

Para comprender la racionalidad profunda de la ofensiva parlamentaria contra RTVE, es imprescindible situarla en el contexto de la economía política del mercado audiovisual español. Este mercado se estructura en torno a la pugna entre el operador público —RTVE, financiado con fondos estatales y sin publicidad convencional— y los grandes grupos audiovisuales privados, que dependen de la inversión publicitaria para su sostenimiento.

La lógica económica es diáfana: cada punto de audiencia que gana RTVE es un punto que pierde el ecosistema privado. Cada espectador que prefiere La 1 frente a las cadenas comerciales representa un potencial impacto en la contratación publicitaria de estas últimas. En un mercado publicitario que ha experimentado procesos de concentración intensa y que atraviesa la presión adicional de las plataformas digitales, la competencia de un operador público fuerte, con programación de calidad y sin interrupciones publicitarias, es una amenaza estructural para los modelos de negocio privados.

A esto se añade un segundo vector: los grandes grupos mediáticos privados no son actores económicamente neutros. Son, también, actores políticos con capacidad de influencia sobre la formación de la opinión pública. Su interés económico —reducir la presencia y el peso de RTVE— coincide con su interés político: controlar el espacio informativo. Un medio público fuerte, independiente y con alta audiencia es, para estos actores, una doble amenaza: económica y política al mismo tiempo.

La comisión de investigación del Senado, promovida por la derecha con su mayoría absoluta en la Cámara Alta, debe leerse en esta clave: como la traslación parlamentaria de intereses económicos y políticos que no pueden expresarse en términos de su verdadera motivación, y que por ello se disfrazan de preocupación por la pluralidad, la neutralidad informativa y el rigor en la gestión del dinero público.

IV. La ilegalidad como síntoma

No es casual que el PSOE haya calificado la comisión de investigación de "ilegal" y anunciado su posible recurso ante el Tribunal Constitucional. Existe ya en el ordenamiento jurídico español un instrumento específico de control parlamentario sobre RTVE: la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE, que se reúne mensualmente con comparecencia regular de su presidente. La duplicación de este mecanismo mediante una comisión de investigación no tiene justificación jurídica en el marco del Reglamento del Senado, que exige que el objeto de toda comisión de investigación esté "perfectamente delimitado" y no coincida con el de otro órgano de control ya existente.

Pero la cuestión jurídica va más lejos. El Reglamento europeo 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo —directamente aplicable en el ordenamiento español— prohíbe expresamente que los estados miembros interfieran o traten de influir en las políticas y las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de comunicación. La propia RTVE, en su comunicado institucional, advirtió que la comisión pretendía "cuestionar enfoques informativos" y se asemejaba a "un intento de tutela" sobre sus profesionales: exactamente el tipo de conducta que el derecho europeo prohíbe.

Esta dimensión jurídica es reveladora porque el uso del instrumento parlamentario más intrusivo —la comisión de investigación— para intervenir sobre las decisiones editoriales de un medio público no es solo un exceso político. Es una vulneración del Estado de Derecho en su dimensión europea. Y resulta significativo que quienes más invocan la defensa del Estado de Derecho sean precisamente quienes están dispuestos a violarlo cuando los intereses en juego son los suyos.

V. La doble vara de medir y las televisiones autonómicas

Existe un tercer nivel de contradicción que ningún análisis honesto puede ignorar. La derecha española gestiona directamente, mediante sus mayorías autonómicas, un número significativo de televisiones públicas regionales. El balance de esas gestiones en términos de audiencia, independencia editorial y rigor informativo es diametralmente opuesto al que se imputa a RTVE.

La televisión pública gallega ha sido escenario de denuncias sistemáticas por manipulación informativa que han llegado a los tribunales, con una plantilla que lleva años reivindicando su independencia frente a los poderes regionales. En Madrid y Andalucía, los datos de audiencia de las televisiones públicas autonómicas presentan una evolución desfavorable, mientras las acusaciones de instrumentalización política se suceden. En ninguno de estos casos se ha planteado desde los grupos proponentes de la comisión sobre RTVE la creación de instrumentos equivalentes de control.

Esta asimetría es la demostración más contundente de que la motivación real de la ofensiva contra RTVE no es la preocupación por la gestión rigurosa del dinero público ni por la independencia informativa. Es la preocupación por el control del espacio informativo nacional y la eliminación de una competencia que resulta, a un tiempo, económicamente inconveniente e ideológicamente incómoda.

VI. La audiencia como legitimidad democrática

Hay una dimensión que merece especial atención y que raramente aparece en el debate público sobre esta cuestión. En las democracias liberales, la legitimidad de las instituciones públicas se mide, entre otros parámetros, por su capacidad de responder a las necesidades y preferencias de los ciudadanos. Un medio de comunicación público que lidera la audiencia está cumpliendo precisamente esa función: está sirviendo al público que lo financia, que es el conjunto de la ciudadanía.

La audiencia es, en el sector audiovisual, el equivalente funcional del voto en el sistema político: es la expresión de la preferencia mayoritaria de los ciudadanos. Cuando RTVE lidera la audiencia, los ciudadanos están eligiendo RTVE. Están diciendo, con su comportamiento concreto y cotidiano, que prefieren la programación del servicio público a la de los operadores privados. Este es el veredicto democrático más directo e inequívoco que puede recibir un medio de comunicación público.

Atacar a RTVE cuando lidera la audiencia significa, en última instancia, tratar de imponerle a la ciudadanía una oferta audiovisual que ella misma ha rechazado libremente. Significa sustituir el veredicto de los ciudadanos por el veredicto de quienes controlan la mayoría parlamentaria en el Senado. Significa, en definitiva, utilizar el poder político para revertir una elección libre de la mayoría. Pocas operaciones podrían ser más contrarias a los principios elementales de la democracia.

VII. El modelo de televisión pública y el bien común

Existe, además, un argumento de fondo que trasciende la coyuntura política inmediata. La televisión pública no es simplemente un operador más en el mercado audiovisual. Es una institución con una función social específica, que no puede ser satisfecha por el mercado privado: la de garantizar el acceso universal a contenidos informativos, culturales y de entretenimiento de calidad, sin condicionamiento publicitario y con pluralismo informativo real.

La televisión comercial, por su propia naturaleza económica, maximiza audiencia para maximizar ingresos publicitarios. Esto genera una presión estructural hacia la banalización de los contenidos, hacia el entretenimiento de baja exigencia intelectual, hacia la espectacularización de la información y hacia la subordinación de la agenda informativa a los intereses de los anunciantes. Esta dinámica no es una anomalía: es el funcionamiento normal del mercado publicitario aplicado al audiovisual.

El ciudadano que consume televisión comercial no es el cliente del medio: es el producto que se vende a los anunciantes. Su atención es la mercancía. Esta estructura de intereses es incompatible, por principio, con un periodismo independiente y riguroso. El conflicto de interés entre el anunciante y la audiencia, entre el inversor publicitario y la verdad informativa, es estructural e irresoluble dentro del modelo de negocio privado.

La televisión pública, por el contrario, tiene como único cliente al ciudadano. No debe responder ante anunciantes ni accionistas. Debe responder ante la audiencia y, en última instancia, ante el conjunto de la ciudadanía que la financia. Cuando ese modelo funciona bien —cuando produce contenidos de calidad que la audiencia elige masivamente, como ocurre con RTVE en 2026— el resultado es exactamente lo que una democracia debería querer: un servicio público que sirve al público.

VIII. Los amigos de la democracia y sus métodos

La operación parlamentaria contra RTVE permite identificar con precisión a los actores que en España se presentan como defensores de la democracia, la libertad y el libre mercado, y analizar cómo traducen esos principios en práctica política concreta.

Primero: se invoca la preocupación por el uso del dinero público para justificar una comisión de investigación sobre una corporación que ha cerrado su último ejercicio con 55 millones de euros de superávit y que lidera la audiencia. Al mismo tiempo, no se propone ninguna iniciativa equivalente sobre los medios públicos autonómicos gestionados por el mismo sector político, algunos de los cuales presentan resultados de audiencia y de gestión muy inferiores.

Segundo: se invoca la pluralidad informativa para cuestionar la programación de RTVE. Al mismo tiempo, se guarda silencio sobre la concentración mediática del sector privado y sobre las denuncias de manipulación informativa en los medios públicos autonómicos propios.

Tercero: se invoca el Estado de Derecho y la transparencia institucional para justificar una iniciativa que, según juristas y el propio PSOE, vulnera el Reglamento del Senado y el derecho europeo de la comunicación, y que la propia RTVE ha calificado de intento de tutela editorial incompatible con la normativa vigente.

Cuarto: se invoca el libre mercado para gestionar intereses económicos privados que se ven perjudicados por el éxito de un competidor público. La ideología del mercado se convierte aquí en instrumento de defensa de posiciones de renta, no de competencia genuina.

El patrón es claro: los principios se invocan cuando protegen los intereses propios y se abandonan cuando los contradicen. No hay aquí incoherencia involuntaria; hay utilización instrumental de la retórica democrática y liberal al servicio de objetivos que no son democráticos ni liberales.

IX. Conclusión: el riesgo real para la democracia

Las democracias contemporáneas enfrentan amenazas que pocas veces provienen de un golpe de Estado o de una ruptura institucional abrupta. Provienen, con mayor frecuencia, de la erosión gradual de los contrapesos institucionales, del debilitamiento progresivo de los medios independientes y del uso instrumental del poder parlamentario para avanzar intereses que no pueden legitimarse públicamente en nombre de lo que realmente son.

La ofensiva contra RTVE en el Senado es un ejemplo de manual de este tipo de erosión. No se plantea en términos de "vamos a liquidar la televisión pública"; se plantea en términos de "investigación", "transparencia", "control democrático". Pero el objetivo real —debilitar institucionalmente a un operador que incomoda económica e ideológicamente— queda al descubierto cuando se analiza la aritmética de la votación, la ausencia de equivalentes en los territorios propios, la violación del marco jurídico vigente y la coincidencia perfecta entre los promotores de la comisión y los intereses de los grandes grupos mediáticos privados.

Una democracia que no puede garantizar la existencia de medios públicos fuertes, independientes y con recursos suficientes para competir con los operadores privados es una democracia cuyo espacio informativo queda, por defecto, en manos de quienes tienen capacidad económica para financiarlo. Y los que tienen esa capacidad económica tienen también intereses concretos en la conformación de la opinión pública.

Los verdaderos amigos de la democracia no son quienes pretenden investigar una televisión pública porque lidera la audiencia. Son quienes entienden que una ciudadanía bien informada es la condición de posibilidad de todo lo demás: de la deliberación democrática, del control del poder, de la participación política efectiva. Y que, cuando esa ciudadanía elige masivamente un servicio público de comunicación frente a la alternativa comercial, está ejerciendo exactamente el tipo de decisión soberana que la democracia debe proteger, no revertir.