Punitivismo selectivo e hipocresía penal en el hemiciclo.

El 14 de abril de 2026, el Congreso de los Diputados fue escenario de un episodio que, más allá de su anecdótica espectacularidad parlamentaria, merece una lectura criminológica rigurosa. JMSG, diputado de Vox y portavoz en la Comisión Constitucional, fue expulsado del Pleno tras irrumpir en la tribuna presidencial —espacio reglamentariamente vedado a los parlamentarios— para increpar al vicepresidente de la Cámara y a una letrada, desafiando hasta tres llamadas al orden. El detonante declarado: sentirse insultado por un diputado de ERC. 

La paradoja estructural que subyace al incidente: Vox es, sin disputa, el partido que más sistemáticamente exige en España mayor dureza penal, más años de prisión, más restricciones en los beneficios penitenciarios, mayor severidad en el tratamiento de quienes infringen las normas sociales. En síntesis: más control, más castigo, más rigor —para los otros.

I. La arquitectura del punitivismo selectivo

Loïc Wacquant, en su obra capital "Castigar a los pobres", diseccionó la lógica que articula el punitivismo contemporáneo: no se trata de una respuesta racional al crimen, sino de un proyecto político de gestión de la inseguridad social mediante la penalización de la pobreza y la marginalidad. El Estado penal se expande hacia abajo —hacia los vulnerables, los sin papeles, los reincidentes de delitos menores, los consumidores de sustancias— mientras se contrae hacia arriba, allí donde la infracción tiene corbata, escaño o cuenta en las Islas Caimán.

Este diagnóstico no es una metáfora: es una descripción estructural. Y el incidente de ayer en el hemiciclo lo ilustra con una nitidez que ningún manual podría mejorar. El mismo agente político que reclama mano dura contra quienes violan las normas —desde el inmigrante irregular hasta el preso que solicita un permiso de salida— es incapaz de sujetar su propia conducta ante la más elemental de las normas institucionales: guardar orden en el Parlamento. La norma existe para los otros. El rigor, también.

Nils Christie, en su análisis de la industria del control del delito, señaló que la demanda de punición cumple funciones latentes que poco tienen que ver con la seguridad pública: construye identidades políticas, genera adhesiones emocionales, consolida fronteras morales entre el «nosotros» y el «ellos». El punitivismo, en su dimensión retórica, es ante todo una tecnología de diferenciación social: yo soy el orden; el otro es el caos. La escena del hemiciclo invirtió brutalmente ese relato: el guardián del orden fue, por un rato, el agente del desorden.

II. Las técnicas de neutralización: el infractor que nunca es culpable

Gresham Sykes y David Matza describieron en 1957 los mecanismos cognitivos que utilizan los individuos para justificar su conducta desviada sin abandonar la adhesión nominal a las normas que violan. Las llamaron "técnicas de neutralización" , y siguen siendo uno de los instrumentos analíticos más potentes de la criminología.

La respuesta del diputado expulsado desplegó varias de ellas con una pulcritud casi didáctica.

La "apelación a instancias superiores" apareció de inmediato: «¿Tengo que soportar los insultos reiterados?», preguntó retóricamente tras la expulsión. La conducta propia queda así subordinada a una provocación previa que la justificaría. La "negación de la responsabilidad" siguió el mismo patrón: no fui yo quien rompió las reglas, fue la presidencia que no ejerció su función. Y la "condena al que condena" completó el cuadro: la Mesa es «totalmente inhábil», el sistema no funciona, los que aplican la norma son ilegítimos. Ergo, la norma no obliga.

Son exactamente los mismos argumentos que, en versión adaptada, estos mismos actores políticos rechazan sistemáticamente cuando los esgrimen personas en situación de vulnerabilidad ante los tribunales o las juntas de tratamiento penitenciario. El preso que alega provocación, contexto social adverso o disfuncionalidad del sistema recibe, desde estos mismos sectores, la respuesta invariable: la norma es la norma y debe cumplirse. Sin matices. Sin contexto. Sin neutralizaciones.

 III. La selectividad del etiquetado y la inmunidad de clase

Howard Becker, en su teoría del etiquetado (labeling theory), demostró que la desviación no es una cualidad intrínseca del acto, sino el producto de un proceso de definición social e institucional profundamente selectivo. No todos los infractores son etiquetados como tales. No todas las infracciones activan el mismo aparato de control. El poder define quién es el desviado y quién, por el contrario, tiene el privilegio de que su conducta sea leída como anecdótica, comprensible o incluso heroica.

Vox, a través de sus portavoces en redes sociales, reaccionó al episodio con acusaciones a la Mesa del Congreso por «no actuar» ante los supuestos insultos que recibió el diputado expulsado. El infractor se convirtió en víctima; la víctima institucional del desorden —la propia Cámara— en victimaria. Este giro discursivo no es improvisado: es la operación clásica mediante la cual los actores con recursos simbólicos y políticos logran resistir el etiquetado negativo que aplicarían sin hesitación a cualquier ciudadano de menor rango que hubiera protagonizado un episodio equivalente.

Pensemos en el contraste concreto. Un interno en un establecimiento penitenciario que se niega a acatar tres instrucciones consecutivas del funcionario de turno, que invade un espacio prohibido, que confronta verbalmente a la autoridad: recibe, en el mejor de los casos, un expediente disciplinario; en el peor, un traslado, la regresión de grado o la pérdida de beneficios durante meses. No hay apelación a la provocación que lo salve. No hay portavoz que suba a las redes a explicar que «sus formas fueron quizás cuestionables, pero comprensibles». La norma cae sobre él con todo su peso.

El diputado de Vox, en cambio, recibió de su propio partido una calificación de conducta apenas «cuestionable» —adjetivo que en el léxico jurídico-político equivale a una absolución moral encubierta— y ningún mecanismo sancionador interno. El contraste no requiere comentario adicional. La criminología ya lo ha comentado durante décadas.

IV. Foucault invertido: cuando el panóptico mira hacia arriba

Michel Foucault describió en "Vigilar y castigar" la arquitectura del poder disciplinario: una sociedad organizada en torno a la vigilancia permanente de los cuerpos, la normalización de las conductas y la producción de individuos dóciles. El sistema penitenciario es, en su análisis, la expresión más concentrada de ese dispositivo. Pero Foucault también advirtió que el poder disciplinario opera de forma radicalmente asimétrica: disciplina a quienes no tienen acceso a los mecanismos de definición de la norma, mientras que los que los controlan gozan de una visibilidad protegida.

El hemiciclo parlamentario es, en principio, uno de los espacios más vigilados de la democracia: cámaras, micrófonos, prensa, registro taquigráfico. Y sin embargo, la exposición pública del incidente no produjo ningún efecto disciplinador real sobre el diputado expulsado más allá de la jornada parlamentaria. La misma semana volverá a su escaño.

 La misma semana seguirá reclamando dureza para los que, con infinitamente menos recursos, enfrentan la maquinaria penal.

Esa asimetría es la clave criminológica del episodio. No estamos ante un fenómeno de hipocresía individual —reducirlo a eso sería trivializarlo—, sino ante la expresión concreta de una lógica estructural que David Garland denominó "cultura del control" : una forma de organización social que desplaza la gestión del riesgo hacia las poblaciones ya estigmatizadas, mientras mantiene intactos los privilegios de quienes administran ese riesgo.

V. El punitivismo como síntoma

La pregunta que la criminología crítica plantea ante episodios como este no es "¿cómo puede alguien ser tan hipócrita?" —que es la pregunta del comentario político superficial—, sino una mucho más profunda: "¿qué función cumple el punitivismo para quienes lo ejercen?" 

La respuesta está en la obra de Wacquant, Christie y Garland, convergente en un diagnóstico: el punitivismo populista no es una política criminal, es una política de identidad. Define al sujeto político —el ciudadano de bien, el que trabaja, el que respeta las normas— por contraste con un Otro amenazante al que hay que neutralizar, encerrar, expulsar. Ese Otro no es percibido como un sujeto de derechos en situación de vulnerabilidad, sino como una categoría moral inferior que merece la punición que se ha ganado.

Cuando ese mismo sujeto político pierde el control, insulta, invade espacios prohibidos y desafía a la autoridad, el edificio retórico se desmorona en tiempo real. Ya no hay Otro: hay un Mismo que hace lo que condena. Y la respuesta es la neutralización inmediata: yo tenía razones; ellos solo tienen excusas.

La criminología lleva decenios señalando que la demanda de punición suele ser inversamente proporcional a la capacidad de autorregulación de quien la formula. No porque los individuos punitivistas sean necesariamente peores personas —aunque el incidente invita a la reflexión— sino porque el punitivismo funciona, en términos psicosociales, como una proyección: se externaliza en el otro el descontrol que no se puede reconocer en uno mismo.

VI. Una nota sobre la institución parlamentaria

Sería metodológicamente deficiente concluir este análisis sin señalar una dimensión adicional. El espacio en el que ocurrió el incidente no es cualquier espacio: es el Congreso de los Diputados, la institución central de la democracia representativa. Las normas que el diputado desacató no son normas cualquiera: son las reglas de procedimiento de la cámara legislativa del Estado.

Si un ciudadano sin escaño protagonizara una conducta equivalente en un edificio institucional —negarse a acatar instrucciones repetidas de un funcionario, invadir zonas restringidas, confrontar verbalmente a los responsables del orden— la calificación jurídica y la respuesta institucional serían radicalmente distintas. El sistema penal, que Vox quiere endurecer, hubiera activado sus mecanismos con una rapidez proporcional a la vulnerabilidad del sujeto.

Esta es, en definitiva, la lección criminológica más antigua y más persistentemente ignorada: la selectividad del control penal no es un defecto del sistema que puede corregirse con más rigor. Es su principio de funcionamiento. Y quienes más ferozmente exigen ese rigor suelen ser los más convencidos —con razón, por lo demás— de que ese rigor nunca se volverá contra ellos.