La doctrina del caos: radicalización juvenil, violencia política y el Estado que cosecha lo que siembra

I. Tres casos, un patrón

El 13 de julio de 2024, Thomas Matthew Crooks, 20 años, de Bethel Park, Pennsylvania —suburbio de Pittsburgh descrito por autoridades locales como «firmemente de clase media, quizás clase media-alta»— escaló al tejado de un edificio próximo a un mitin electoral y disparó ocho veces contra Donald Trump, alcanzándole en la oreja derecha. Crooks era un buen estudiante, miembro de la Sociedad Nacional de Honor Técnico, aceptado en la Universidad de Pittsburgh. Sin antecedentes penales. Sin ideología conocida. Registrado como republicano, pero con un pequeño donativo a un grupo de orientación demócrata. El FBI nunca estableció su motivación con certeza. Su padre había observado un deterioro mental en los meses previos. Era el candidato que él mismo había apoyado como votante. Murió abatido por el Servicio Secreto.

Meses después, Luigi Mangione, egresado de la Universidad de Pensilvania con honores, disparó al CEO de UnitedHealth Group en plena calle de Manhattan. Dejó un manifiesto. La reacción en redes sociales fue llamativa: simpatías masivas, memes, cierta celebración velada. No porque el asesinato fuera aceptable, sino porque el objetivo lo era simbólicamente. El sistema sanitario estadounidense como diana. Aquí la ideología era explícita, articulada, publicada.

La noche del 25 de abril de 2026, Cole Tomas Allen, 31 años, graduado en ingeniería mecánica por el Instituto Tecnológico de California (Caltech) y máster en informática obtenido en 2025, irrumpió armado con una escopeta, una pistola y varias navajas en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, forzando la evacuación del presidente Trump. Allen era profesor a tiempo parcial y «Profesor del Mes» de diciembre de 2024. Sin historial delictivo. Su motivación, aún bajo investigación en el momento de escribir estas líneas.

Tres jóvenes. Tres suburbios de clase media. Tres trayectorias educativas que en cualquier otro contexto serían ejemplares. Tres actos de violencia política en el espacio de dos años. Un patrón que merece análisis, no solo condena.

II. El nuevo perfil del actor radicalizado

Los modelos clásicos de radicalización predicen una trayectoria reconocible: marginalización socioeconómica, exclusión identitaria, captación por redes extremistas, violencia. Estos tres casos no siguen ese esquema, o lo siguen de maneras que lo desafían desde dentro.

Mangione representa el tipo más legible: un radicalizado por convicción ideológica articulada. Dejó un manifiesto. Eligió un objetivo simbólico. Su acto tenía una gramática política reconocible, aunque su método fuera inaceptable. Allen parece responder a una lógica similar, aunque su motivación está aún por establecer.

Crooks es el caso más desconcertante, y por ello el analíticamente más relevante. Era republicano registrado. Atacó al candidato republicano. Sin ideología clara, sin manifiesto, sin red de captación identificada. El FBI nunca pudo establecer su motivación. Lo que sí quedó documentado fue un deterioro mental en los meses previos, consultas online sobre depresión mayor, y una fascinación creciente por el concepto de violencia política como instrumento —citaba a Mao— sin una dirección política coherente. No era un radicalizado ideológico. Era, quizás, algo más inquietante: un joven que había interiorizado que la violencia política es en sí misma una forma de agencia, independientemente del objetivo.

Los tres son producto de suburbios de clase media. Los tres tienen formación por encima de la media. Ninguno encaja en el perfil del marginado, el excluido o el captado. Representan una ruptura del contrato social en su nivel más sofisticado: el que vincula la educación, la participación cívica y la fe en las instituciones como vía de transformación.

La pregunta que nadie en el poder quiere formular es esta: ¿qué mensaje recibieron estos jóvenes de sus instituciones para llegar a ese punto?

III. El indulto como mensaje institucional

Una de las respuestas posibles tiene nombre y fecha: enero de 2025. Al asumir su segundo mandato, el presidente Trump indultó masivamente a los condenados por los hechos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Entre ellos, individuos sentenciados por agresión a agentes federales en los disturbios que costaron la vida a funcionarios del Estado.

El indulto masivo de los asaltantes del Capitolio no fue un acto de gracia ordinario. Fue un mensaje político de alcance estructural: la violencia ejercida en nombre del proyecto correcto tiene consecuencias reversibles. Es perdonable. Esa señal no opera en el vacío.

Para los seguidores del presidente, el mensaje refuerza la percepción de que la lealtad al líder es superior al ordenamiento jurídico. Para sus adversarios —y aquí es donde el análisis se complejiza— el mensaje transmite algo igualmente devastador: que las instituciones democráticas no son árbitros neutrales, sino instrumentos al servicio de quien detenta el poder.

Cuando el Estado señala que la violencia política tiene costes diferenciados según su dirección ideológica, no solo debilita el estado de derecho. Legitima involuntariamente la lógica del adversario: si las reglas del juego son para unos y no para otros, ¿por qué respetarlas? La respuesta violenta de quienes llegan a esa conclusión es ilegítima, pero no es irracional desde la perspectiva de quien la adopta.

IV. La doctrina del shock y el ciclo del caos

Naomi Klein teorizó la doctrina del shock a partir de casos latinoamericanos y del Este europeo: las crisis —reales o inducidas— son oportunidades para imponer reformas que en condiciones normales serían políticamente imposibles. La fórmula es antigua: crea el caos, preséntate como el único capaz de resolverlo, y utiliza la emergencia para recortar libertades, centralizar poder y desmantelar contrapesos institucionales.

Lo que se observa en Estados Unidos entre 2025 y 2026 presenta rasgos de ese ciclo, aunque con una variante específica de la democracia liberal avanzada. No es el golpe clásico. Es más sutil: la erosión acumulativa de las instituciones de prevención y contención, combinada con una retórica que presenta esa erosión como eficiencia o desburocratización.

El ejemplo más preciso: mientras los índices de radicalización juvenil se aceleran, la administración Trump recortó en un 20% el personal del programa federal de prevención de radicalización (CP3) del Departamento de Seguridad Nacional, en el marco de las reformas del denominado DOGE. Se debilita deliberadamente la capacidad preventiva del Estado en el mismo momento en que el fenómeno que debería prevenir se intensifica.

El resultado no es aleatorio. El esquema es transparente en su lógica: más incidentes justifican mayor estado de excepción; mayor estado de excepción justifica más concentración de poder; mayor concentración de poder reduce la capacidad de resistencia democrática. El círculo se cierra con notable precisión funcional.

V. La trampa estructural en la que caen los radicalizados

Hay una ironía estructural en la violencia política de signo progresista —si es que esa etiqueta aplica con precisión a Allen o Mangione, lo cual está lejos de ser claro— en el contexto político actual. Al optar por la violencia, estos actores no debilitan al poder que pretenden desafiar. Lo fortalecen.

Cada atentado, cada amenaza, cada acto de violencia política contra figuras de la administración proporciona exactamente el argumento que el poder necesita para ampliar capacidades de vigilancia, reducir garantías procesales, justificar la militarización de la seguridad interior y descalificar a la oposición como cómplice o incitadora del terror. La narrativa se escribe sola, y los actores radicalizados la están redactando en contra de sus propios objetivos declarados.

Gramsci lo formuló con precisión para otro contexto histórico: cuando el bloque dominante no puede gobernar exclusivamente por el consentimiento, recurre a la coerción; pero para hacerlo necesita que alguien le proporcione el pretexto. La violencia anómica de actores aislados, por más que se perciba a sí misma como resistencia, suele ser ese pretexto. No es resistencia al poder: es el combustible que el poder necesita para justificar su expansión.

VI. Lo que estos perfiles obligan a preguntarse

Caltech y máster en informática. Penn con honores. Sociedad Nacional de Honor Técnico a los 17 años. Ninguno de estos tres jóvenes es la imagen que el poder necesita del enemigo: el agitador marginal, el infiltrado foráneo, el perturbado sin referencias identificables. Son la imagen del ciudadano medio integrado, formado y, en apariencia, funcionalmente inserto en el sistema.

Esos perfiles no pueden neutralizarse discursivamente con facilidad. No encajan en la narrativa del radical islamista ni en la del militante de extrema izquierda clásico. Crooks, republicano registrado que atacó al candidato republicano, ni siquiera encaja en la narrativa de la violencia de izquierda. Es el signo más elocuente: no se trata ya de violencia con dirección ideológica precisa, sino de violencia como expresión de desconexión sistémica, de ruptura con la idea misma de que las instituciones ofrecen canales válidos de acción.

La respuesta, si se busca honestamente, exige examinar la deslegitimación acumulativa de las instituciones, la percepción de que los canales democráticos han sido capturados por intereses que los tornan irresponsivos a la voluntad ciudadana, y —de manera específica en el contexto americano de 2025-2026— la señal enviada por el indulto masivo de enero de 2025. El mensaje que ese indulto transmitió no fue solo a sus beneficiarios directos. Fue al conjunto de la ciudadanía que había confiado en que la violencia política tiene consecuencias universales e irreversibles. Una vez que ese principio colapsa, el umbral para la acción violenta baja para todos, en todas las direcciones.

VII. Tres variables que el análisis no puede omitir

El cuadro quedaría incompleto sin mencionar al menos tres factores estructurales que alimentan la crisis de legitimidad descrita, aunque cada uno merecería desarrollo independiente.

El primero es la guerra. La participación de Estados Unidos en conflictos armados contra países que carecen de capacidad de respuesta equivalente —Irak, Afganistán, Libia, Yemen vía Arabia Saudí, y el apoyo sostenido a la ofensiva israelí sobre Gaza— ha instalado en amplios sectores de la población joven una ecuación moral difícil de desarticular: el Estado que exige el monopolio de la violencia legítima en el interior es el mismo que ejerce violencia sistemática e impune en el exterior sobre poblaciones civiles. Esa contradicción no es abstracta para una generación que la ha visto en tiempo real, en sus teléfonos, sin mediación editorial. La percepción de que la violencia estatal es selectivamente legítima —lícita cuando se dirige hacia afuera, criminal cuando se dirige hacia adentro— erosiona la autoridad moral con la que el Estado pretende deslegitimar la violencia de respuesta.

El segundo factor son los archivos Epstein. La publicación parcial de los documentos judiciales vinculados a la red de Jeffrey Epstein reveló lo que muchos sospechaban pero pocos podían documentar: que figuras de primera línea de la política, las finanzas y el entretenimiento participaron durante años en una red de abuso sexual sistemático de menores, con pleno conocimiento de múltiples agencias de inteligencia y seguridad, y que ninguno de los protagonistas de alto perfil ha enfrentado consecuencias penales proporcionadas. La impunidad no es aquí una percepción ni una teoría: es un hecho jurídicamente documentado. Para una generación que ha visto cómo el sistema penal se aplica con rigor extraordinario a los de abajo y con indulgencia estructural a los de arriba, los archivos Epstein no son una revelación sino una confirmación. El daño a la legitimidad institucional es incalculable, porque desnuda la selectividad del estado de derecho con una precisión que ningún discurso crítico podría igualar.

El tercero es el ICE. Las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas bajo la segunda administración Trump han generado un registro documental de violencia institucional desproporcionada: detenciones sin orden judicial, separación de familias con hijos nacidos en suelo estadounidense, muertes bajo custodia, deportaciones a terceros países sin garantías procesales, y despliegue de agentes en espacios públicos con poderes de facto que exceden el marco legal vigente. Para los jóvenes que han presenciado a vecinos, compañeros de clase o familiares sometidos a esas operaciones, el Estado no es una institución abstracta susceptible de reforma: es una fuerza de coerción que actúa sobre comunidades concretas con impunidad documentada. La distancia entre ese Estado y el Estado que se proclama garante de derechos no es, para ellos, una cuestión de debate político. Es una experiencia cotidiana.

Estas tres variables no son causas directas de los actos individuales descritos en este artículo. Son algo analíticamente más preciso: correlatos estructurales muy poderosos, aportados por el propio poder. No es la sociedad la que los ha generado espontáneamente. Es el Estado —a través de sus guerras, de su selectividad penal y de sus aparatos de coerción— quien ha construido, pieza a pieza, el ecosistema moral en el que esos actos se producen y en el que encuentran, entre ciertos sectores, una resonancia que el poder prefiere no examinar con honestidad.

Conclusión provisional

Lo que está ocurriendo en Estados Unidos no es una ola de violencia nihilista sin estructura. Es algo más articulado, y por tanto más difícil de abordar: la traducción violenta de una crisis de legitimidad institucional profunda, protagonizada por actores que han concluido que los métodos democráticos son insuficientes o están cooptados.

El poder que contribuyó a generar esa convicción —a través del indulto a los asaltantes del Capitolio, del desmantelamiento de los mecanismos de prevención, de la retórica sistemática que presenta el estado de derecho como obstáculo para la eficiencia— no puede ahora presentarse exclusivamente como víctima inocente. Pero tampoco puede permitirse que la violencia de respuesta le proporcione la coartada que necesita para profundizar el proceso que la generó. Esa es la dialéctica perversa del ciclo en marcha.

Lo que está en juego no es la seguridad del presidente más impopular de la historia reciente de Estados Unidos. Es la viabilidad del propio sistema democrático como marco de resolución de conflictos políticos.

Y en ese terreno, la violencia —por comprensible que sea la desesperación de su origen— siempre termina jugando a favor de quienes ya detentan el poder.