España en su pedestal.

El viernes 20 de marzo de 2026, el Consejo de Ministros se reunió de manera extraordinaria. No era una reunión de rutina ni de agenda programada: era una respuesta. El gobierno aprobó un Real Decreto-ley con 80 medidas que movilizan 5.000 millones de euros para amortiguar de forma inmediata el impacto de la guerra en Oriente Próximo sobre hogares y empresas, con el objetivo simultáneo de acelerar la electrificación y el despliegue renovable para reducir la dependencia fósil de forma estructural. El IVA de la gasolina y el gasóil bajó del 21% al 10%, el mínimo que permite la Unión Europea, lo que se traduce en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro. Los impuestos sobre la electricidad se redujeron en un 60%, el IVA eléctrico pasó del 21% al 10%, el butano y el propano quedaron con precio máximo congelado, y el bono social eléctrico se prorrogó hasta finales de 2026 con mayores descuentos para los hogares vulnerables.

La reunión no fue cómoda. Las presiones de Sumar retrasaron el inicio del Consejo de Ministros más de dos horas, hasta que PSOE y Sumar sellaron un acuerdo para articular las medidas en dos reales decretos distintos: uno con las rebajas fiscales energéticas, y un segundo con la congelación temporal de los precios del alquiler. La tensión interna de la coalición fue visible, real y resuelta. Esa imagen —un gobierno que negocia hasta el último minuto dentro de su propia casa, que no renuncia a gobernar porque el acuerdo es difícil, y que termina aprobando un escudo social ambicioso en un contexto de emergencia— es, en miniatura, el retrato del período político que este artículo analiza.

Porque lo que ocurrió el 20 de marzo no es un episodio aislado. Es el último capítulo de un patrón sostenido. El presidente del Gobierno subrayó que el ejecutivo lleva meses preparándose para esta eventualidad y que movilizará todos los recursos necesarios, al igual que hizo cuando la guerra en Ucrania. Es exactamente esa capacidad de respuesta ante el shock externo —la memoria institucional de haber gestionado crisis anteriores y la voluntad de aplicar ese aprendizaje— lo que define la singularidad del momento político español.

La tesis que este artículo defiende no es una apología. Es el resultado de una lectura honesta de evidencias concretas: en términos de gestión del poder y de cohesión del tejido social, España atraviesa uno de sus mejores períodos desde la restauración democrática. Afirmarlo requiere precisar los términos, contextualizar los logros y no esquivar las tensiones que permanecen abiertas.

Conviene distinguir desde el principio entre dos conceptos que a menudo se confunden. La gobernabilidad se refiere a la capacidad del gobierno para gestionar el poder, aprobar legislación y sostener la estabilidad institucional. La gobernanza apunta a algo más amplio y más profundo: la calidad de las relaciones entre el Estado y el tejido social, la capacidad de los actores —ciudadanos, movimientos, instituciones, territorios— para articular sus intereses de manera pacífica y constructiva. España avanza en ambas dimensiones simultáneamente, lo cual es inusual y merece análisis riguroso.

La economía que no debía poder crecer, y lo hizo

Los datos son contundentes. España fue la economía desarrollada de mayor crecimiento del mundo en 2024, contribuyendo aproximadamente a la mitad del crecimiento total de la zona euro mientras representa solo una décima parte de su PIB. La deuda sobre el PIB ha caído más de 22 puntos porcentuales desde su máximo durante la pandemia, y el déficit presupuestario ha bajado por primera vez en seis años por debajo del umbral del 3% exigido por la UE. Este crecimiento no surgió de la nada: se construyó sobre condiciones adversas. La pandemia de COVID-19, los efectos en cascada de la guerra en Ucrania sobre la energía y las cadenas de suministro, y ahora la nueva espiral derivada del conflicto en Irán pusieron a prueba la resistencia del modelo. España no solo aguantó: creció.

La reforma laboral de 2021 ha tenido efectos reales y medibles. El papel de las fuerzas a la izquierda del PSOE en impulsarla ha sido determinante, y forma parte de la explicación política del período. El mercado laboral juvenil sigue siendo la asignatura más difícil: el paro juvenil, que alcanzó el 57,9% en 2014 en el peor momento de la crisis, ha descendido de manera sostenida hasta situarse en torno al 25,5% en los primeros meses de 2025 —una reducción de más de treinta puntos en una década cuya tendencia es inequívocamente positiva, aunque la cifra sigue siendo una de las más altas de Europa y representa un límite estructural que ningún relato honesto puede ignorar.

España ha reducido la desigualdad de ingresos sin poner en riesgo sus finanzas públicas. Las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional y el mantenimiento del escudo social han tenido efectos medibles sobre los deciles inferiores de renta. La cuestión de la vivienda, invocada frecuentemente como contraargumento, requiere una lectura matizada: es un problema real en las grandes ciudades, donde la demanda turística —miles de viviendas convertidas en alojamiento vacacional— y la concentración de oportunidades laborales presionan sobre los precios. Pero la vivienda es competencia de las comunidades autónomas, y el problema tiene una dimensión estructural que ningún gobierno central puede resolver por decreto: España tiene miles de viviendas vacías en los pueblos, lo que refleja un proceso de urbanización acelerada que es un fenómeno social global y no un fallo de política habitacional. La congelación temporal de los alquileres aprobada también el 20 de marzo es un primer paso, aunque su convalidación parlamentaria está todavía por verificarse.

Los derechos que se adelantaron

En materia de derechos civiles el balance es nítido. La regulación de la eutanasia, la ley trans, la ampliación de derechos reproductivos y el abordaje legislativo de la violencia de género no son medidas cosméticas: modifican la vida cotidiana y la dignidad de ciudadanos concretos. En un momento en que buena parte de Europa retrocede en estas materias —Hungría, Italia, amplias zonas del este del continente—, España legisla a contracorriente. La crítica legítima no es a los avances en sí, sino a que su implementación efectiva sigue siendo desigual según el territorio, precisamente por el peso de las competencias autonómicas.

El peso de la historia: González, Zapatero y la diferencia de contexto

Evaluar el presente requiere situar los períodos anteriores con honestidad. El gobierno de Felipe González fue transformador en muchos sentidos —la integración en Europa, la modernización del Estado, el salto en infraestructuras— pero estuvo gravemente comprometido por los GAL. El terrorismo de Estado proporcionó un nuevo relato a la ETA de la democracia, y una nueva legitimidad para quienes encontraban en las acciones de los GAL motivos para simpatizar o participar en la lucha armada. No solo dañó el prestigio del Estado de derecho, sino que, paradójicamente, prolongó la vida de la organización que decía combatir. Las mayorías absolutas de González no son, por tanto, la vara de medir adecuada cuando se evalúa la calidad democrática de la gobernanza.

El período de Zapatero es otra historia. Tuvo la mala fortuna de que la crisis económica global de 2008 coincidió con una respuesta desde Bruselas de austeridad neoliberal que España aplicó de manera muy severa a partir de 2010. La agenda de derechos de ese período fue genuinamente transformadora, pero las presiones externas impusieron un giro hacia el recorte que terminó por desacreditar el proyecto. Zapatero pagó el precio de una tormenta que no había creado y que no pudo gestionar con los instrumentos que Bruselas le dejó. El gobierno actual ha tenido la virtud de no repetir ese error: ha combinado sostenibilidad fiscal con protección del Estado del bienestar, lo cual no es sencillo de hacer simultáneamente.

Cataluña: proceso abierto, temperatura baja

La ley de amnistía fue atacada como capitulación del Estado. El tiempo ha comenzado a dar otra respuesta: la convivencia cotidiana se normaliza, y Cataluña recupera su rol histórico de motor económico y cultural del conjunto de España. Ese proceso no está cerrado —la ley sigue siendo impugnada judicialmente—, pero la dirección es clara. Lo más significativo como indicador de gobernanza es que Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso y figura del republicanismo catalán cotidiano —no del liderazgo histórico del procés sino de su expresión parlamentaria presente—, explore una candidatura de carácter plurinacional que reconoce implícitamente el marco estatal como espacio legítimo de actuación política. Que eso sea posible hoy, cuando hace apenas unos años el debate se planteaba en términos de ruptura o represión, es una señal de madurez colectiva que no puede atribuirse a ningún actor en exclusiva.

El País Vasco: la maduración y su deuda pendiente

Quienes ayer pusieron bombas participan hoy en el juego democrático con apego estricto a sus reglas. EH Bildu ha demostrado con su comportamiento parlamentario que entiende que la legitimidad que ejerce no es un derecho adquirido sino una responsabilidad ganada con tiempo y consistencia. El resultado trasciende lo vasco: se ha convertido en un actor útil para la gobernabilidad del conjunto del Estado. Dicho esto, cualquier relato de esa transformación que no mencione a las víctimas del terrorismo está contando solo la mitad de la historia. El reconocimiento explícito del daño causado y la consistencia de los gestos hacia las víctimas siguen siendo asignaturas pendientes cuya resolución determinará si este proceso de maduración es profundo o solo funcional.

El pulso con Trump: soberanía bajo presión

Hay desafíos que se ven venir y hay otros que irrumpen con la velocidad de un despacho de agencia. El que enfrenta España en este momento pertenece a la segunda categoría, aunque sus raíces son más largas. Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la ofensiva contra Irán el 28 de febrero de 2026, Trump ha pedido reiteradamente a sus aliados que se sumen a las operaciones, ya sea abriendo sus bases o participando de forma directa en misiones para desbloquear el estrecho de Ormuz. España dijo que no. Y esa negativa ha desencadenado una cascada de presiones que, a fecha de hoy, constituye uno de los mayores estresores externos que ha enfrentado el gobierno de Pedro Sánchez.

La posición española tiene un fundamento jurídico sólido que conviene no perder de vista en medio del ruido diplomático. El acuerdo bilateral de 1988 establece que el uso de instalaciones como Rota y Morón debe enmarcarse en objetivos dentro del ámbito bilateral o multilateral previsto en el propio convenio, y que cualquier operación que vaya más allá requiere autorización previa del Ejecutivo. Una ofensiva unilateral contra Irán, no encuadrada en ningún mandato de la OTAN ni de Naciones Unidas, sencillamente no encaja en ese marco. No es un capricho político: es derecho internacional aplicado. La posición del Gobierno se resumió en cuatro palabras desde la Moncloa: no a la guerra, con explícita referencia al precedente de Iraq de 2003 como advertencia histórica de lo que cuesta ignorar ese principio.

La respuesta de Washington no se hizo esperar, y escaló en intensidad. Primero fue el senador republicano Lindsey Graham quien reclamó públicamente la salida de bases aéreas y aviones estadounidenses de España, proponiendo trasladarlos a Israel. Después llegó lo más significativo: Trump respaldó explícitamente esa propuesta y llegó a afirmar que quiere cortar todo comercio con España, trasladando el conflicto del plano militar al económico. Sobre el terreno, al menos quince aviones de reabastecimiento desplegados en Morón y Rota fueron ya trasladados a la base de Ramstein, en Alemania. El contraste con el Reino Unido añade presión adicional: el gobierno de Keir Starmer confirmó que Estados Unidos puede utilizar sus bases para operaciones defensivas con el fin de neutralizar las capacidades que se usan para atacar buques en el estrecho de Ormuz. Londres cedió. Madrid no.

La dimensión material del pulso es considerable. Las bases de Rota y Morón crean 12.000 puestos de trabajo y generan 600 millones de euros anuales en sus entornos locales. Su eventual retirada sería un golpe económico concreto para Andalucía. Pero el coste simbólico y estratégico sería aún mayor: significaría que España paga un precio tangible por ejercer su soberanía.

La paz democrática en entredicho: cuando el aliado deja de jugar con tus reglas

Todo esto obliga a hacerse una pregunta teórica de primera magnitud que el momento histórico plantea con una urgencia que los manuales de ciencia política raramente anticipan: ¿está Trump destruyendo la democracia estadounidense, o está refutando —o al menos tensionando gravemente— la teoría de la paz democrática?

La teoría, formulada en su versión moderna por Michael Doyle en los años ochenta retomando a Kant, sostiene que las democracias liberales consolidadas no se hacen la guerra entre sí. Su argumento no es que las democracias sean pacíficas en general —de hecho, pueden ser muy agresivas con regímenes no democráticos— sino que algo en su arquitectura interna inhibe el conflicto armado entre pares: la rendición de cuentas ante la opinión pública, la separación de poderes, la interdependencia económica y el reconocimiento mutuo como interlocutores legítimos sujetos a normas compartidas. Es una de las proposiciones empíricas más robustas de las relaciones internacionales del siglo XX.

La pregunta sobre Trump abre dos caminos interpretativos que no se excluyen, y conviene recorrer ambos con honestidad. El primero salva la teoría pero a un coste conceptual considerable: si Trump está desmantelando las instituciones que hacen de Estados Unidos una democracia liberal consolidada —independencia judicial, libertad de prensa, separación de poderes, trato a los aliados como iguales y no como subordinados— entonces lo que estamos viendo no es una democracia comportándose agresivamente con otra democracia. Es un régimen en proceso de degradación autoritaria comportándose como lo que se está convirtiendo. Los politólogos llaman a este proceso democratic backsliding: un retroceso democrático que no requiere golpe de Estado sino que se produce desde dentro, por erosión institucional gradual. Bajo esta lectura, la teoría no falla; falla el caso de aplicación.

El segundo camino es más incómodo para la ciencia política convencional, pero intelectualmente más honesto si se aplica con rigor. La teoría de la paz democrática tiene un supuesto implícito que raramente se examina: que las democracias reconocen a otras democracias como tales y las tratan de acuerdo a esa categoría. Lo que Trump hace es algo distinto y más perturbador: actúa como si España no mereciera el trato reservado a los aliados, independientemente de su carácter democrático. La amenaza de cortar el comercio, el respaldo a la retirada de bases, la presión para participar en una guerra no sancionada internacionalmente: todo eso es coerción entre democracias formalmente vigentes. La teoría habla de guerra, no de coerción, con lo que puede sobrevivir formalmente —no hay bombas—, pero su espíritu, que es que las democracias resuelven sus diferencias mediante negociación y no mediante intimidación, queda seriamente comprometido.

Lo más honesto analíticamente es sostener que ambas lecturas son simultáneamente verdaderas y que su tensión es precisamente lo que hace al momento histórico tan singular. Trump está a la vez erosionando la democracia estadounidense y comportándose de un modo que tensiona la teoría incluso si aceptamos que Estados Unidos sigue siendo formalmente democrático. No es una cosa o la otra: es las dos a la vez, y esa ambigüedad no es un defecto del análisis sino parte del problema mismo.

Para España, la implicación práctica es esta: el gobierno de Sánchez está apelando implícitamente a los principios del orden liberal —somos aliados democráticos, resolvamos esto con derecho internacional y no con amenazas— mientras Trump los viola en la práctica. Esa asimetría es, en sí misma, un dato político de primera magnitud. España juega con las reglas del orden que se supone que todos comparten; Trump cambia las reglas mientras el partido está en curso. Y si la paz democrática funciona porque las democracias tienen opinión pública, rendición de cuentas y separación de poderes que frenan la agresividad exterior, entonces el debilitamiento de esas instituciones dentro de Estados Unidos no es solo un problema americano: es un problema de seguridad para todas las democracias que han construido su arquitectura de defensa sobre el supuesto de que Washington seguirá siendo un socio predecible y sujeto a normas. España está descubriendo eso en tiempo real, y el decreto del 20 de marzo —que responde al impacto económico de una guerra que España se niega a alimentar militarmente— es la expresión más concreta de ese descubrimiento: gobernar en la complejidad significa también pagar la factura de los principios.

Delincuencia, anomia y capital social: el termómetro incómodo

Toda sociedad que aspira a evaluar honestamente su nivel de gobernanza debe mirarse también en el espejo de su criminalidad. No porque el delito sea el único indicador de cohesión social, sino porque su evolución cuantitativa y cualitativa es uno de los termómetros más fiables del grado de anomia —ese estado descrito por Durkheim en el que las normas colectivas pierden fuerza vinculante y el individuo queda librado a sus propios medios, sin referentes ni frenos sociales sólidos. La anomia elevada destruye capital social, erosiona la confianza institucional y socava tanto la gobernabilidad como la gobernanza.

En España, la lectura de los datos de criminalidad arroja un cuadro complejo que merece desagregarse con cuidado. La delincuencia común —robos, hurtos, violencia— se ha estabilizado e incluso retrocedido en su volumen absoluto desde los años noventa, lo cual es estructuralmente una buena noticia. Pero hay otra cara de la moneda que los datos revelan con contundencia: la tasa de la delincuencia no convencional está creciendo de forma continua, y progresivamente irá desbancando en importancia a la delincuencia común. Esta delincuencia de cuello blanco —fraudes a consumidores, estafas financieras, corrupción, delitos medioambientales— es la que crece a medida que la sociedad se complejiza. Su auge no es un accidente: es un síntoma de la tensión entre el dinamismo económico y la velocidad con que las instituciones de control y sanción son capaces de seguirle el ritmo.

La cibercriminalidad es hoy el capítulo más alarmante. Las estafas informáticas pasaron de 70.178 casos en 2016 a 412.850 en 2024, un incremento del 488,3% en nueve años. No es solo un dato policial: es un indicador de erosión de la confianza social a escala masiva. Cuando casi uno de cada dos ciudadanos ha sido objetivo de un intento de fraude, la desconfianza deja de ser una actitud prudente para convertirse en una norma cultural, y eso tiene consecuencias directas sobre el capital social —esa red de reciprocidad, cooperación y confianza que hace posible la vida colectiva.

La corrupción institucional merece también una lectura matizada. En 2024, España obtuvo 56 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, cayendo cuatro puntos respecto al año anterior. El descenso es preocupante y no puede ignorarse. Sin embargo, los datos judiciales ofrecen una lectura más matizada: en 2024 los juzgados procesaron a 108 personas por corrupción, 77 menos que en 2023, y se dictaron 51 sentencias, 38 más que el año anterior, de las que 30 fueron total o parcialmente condenatorias. Esto sugiere que el sistema judicial está siendo más eficaz en la resolución de casos, y que la corrupción más visible tiene raíces en ciclos políticos anteriores que el sistema va procesando con lentitud pero con consistencia.

El diagnóstico criminológico es, en suma, este: España no tiene un problema grave de delincuencia violenta en comparación europea, y la delincuencia común se estabiliza o retrocede. Pero experimenta una transformación cualitativa de su criminalidad hacia formas más sofisticadas que son más difíciles de detectar, perseguir y traducir en condenas visibles. Esa transformación genera anomia difusa: la sensación de que las reglas no se aplican igual para todos, de que el sistema premia la astucia sobre la honestidad. Esa anomia difusa es, quizás, el mayor erosionador silencioso del capital social en la España contemporánea.

España funciona a tope: una intuición con datos

La intuición de que España funciona a tope no es retórica ni impresionista: es una descripción empírica de varios sistemas operando simultáneamente cerca de su umbral de saturación, y la guerra de Irán ha venido a añadir presión sobre un sistema que ya estaba al límite.

En turismo, España recibió 94 millones de turistas en 2024 frente a una población de 48 millones —casi el doble de visitantes que de ciudadanos. Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y Valencia han sido declaradas oficialmente al límite para el turismo a finales de 2025. La presión no es abstracta: en Canarias, un tercio de los residentes estaban en riesgo de pobreza en 2023 a pesar del boom turístico, porque el modelo concentra los beneficios en operadores externos mientras la población local asume todos los costes.

En sanidad, a finales de 2024 había cerca de 850.000 personas en listas de espera quirúrgica, con un déficit estructural de especialistas y un 24% de los médicos con burnout declarado. Lo que falla más profundamente es la Atención Primaria, crónicamente infrafinanciada y convertida en el amortiguador de todas las tensiones del sistema. En algunas comunidades, las esperas para cirugía superan los 200 días.

En el mundo laboral, el 40% de los trabajadores españoles vincula la ansiedad o depresión directamente a su empleo, frente a una media europea del 29%. El coste de las bajas laborales alcanzó los 20.000 millones de euros en 2024, un 78,5% más que en 2019. No es solo un coste económico: es la señal de un tejido productivo que genera riqueza a un ritmo excepcional pero que transfiere ese esfuerzo al cuerpo y a la salud mental de quienes lo sostienen.

La paradoja es reveladora: España crece económicamente a un ritmo excepcional precisamente porque funciona a tope. El mismo dinamismo que genera los buenos indicadores macroeconómicos es el que está generando grietas en los sistemas que sostienen la vida cotidiana. No es que el modelo fracase: es que su éxito tiene un precio que aún no está suficientemente reconocido. A ese estrés estructural se superpone un factor artificial y deliberado: las campañas de odio y desinformación amplifican artificialmente la sensación de caos permanente, fabricando una imagen del país que no se corresponde con sus datos reales pero que tiene efectos psicológicos y políticos muy concretos sobre la ciudadanía.

Conclusión: el pedestal real

Sumando todos estos vectores —económico, social, territorial, criminológico— se llega a una conclusión que resulta casi contraintuitiva dado el volumen de la crispación ambiente: España ha alcanzado en este período un nivel de gobernabilidad y gobernanza que, dadas las condiciones estructurales, resulta notable. Un gobierno minoritario, sin mayoría parlamentaria propia, gobernando en un contexto de fragmentación extrema y hostilidad sostenida, ha conseguido crecer, repartir mejor, sostener el Estado del bienestar, avanzar en derechos y cohesión territorial, y responder con reflejos rápidos ante cada shock externo.

No es el gobierno más cómodo desde la democracia: es probablemente el que ha gobernado en las condiciones más difíciles. La delincuencia violenta retrocede. Los derechos civiles avanzan. La economía crece con una distribución más equitativa que en ciclos anteriores. El conflicto territorial se gestiona políticamente en lugar de judicialmente. Y cuando el estrecho de Ormuz se tensa y el precio del gasóil supera los 1,93 euros por litro, el gobierno convoca un Consejo de Ministros extraordinario, negocia con sus socios hasta el último minuto y aprueba 80 medidas en un mismo día. Eso no es poco: es mucho.

Lo que España todavía debe demostrar es que ese pedestal no se sostiene solo sobre la urgencia y la intensidad, sino sobre una madurez política y social capaz de afrontar sus propias contradicciones: la corrupción que erosiona la legitimidad institucional, la anomia digital que destruye confianza social, y el estrés sistémico de un país que funciona permanentemente a plena potencia sin haberse tomado el tiempo de preguntarse cuánto tiempo más puede hacerlo.

El pedestal de la gobernabilidad no se construye sobre los aplausos. Se construye sobre la capacidad de mirarse al espejo con la misma lucidez con que se miran los logros. España está aprendiendo a hacer las dos cosas a la vez. Eso, también, es un avance.

Referencias y fuentes

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[2]  FMI (2025). IMF Executive Board Concludes 2025 Article IV Consultation with Spain.  https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/06/05/pr25183-spain-imf-executive-board-concludes-2025-article-iv-consultation-with-spain

[3]  OCDE (2025). OECD Economic Surveys: Spain 2025. OECD Publishing, París.  https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-spain-2025_abc5c435-en.html

[4]  OCDE (2024). OECD Economic Outlook, Volume 2024 Issue 2 — Spain.  https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-outlook-volume-2024-issue-2_d8814e8b-en/full-report/spain_99cebb3f.html

[5]  INE (2025). Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR). Diciembre 2024 y año 2024.  https://www.ine.es/dyngs/Prensa/FRONTUR1224.htm

[6]  Ministerio de Industria y Turismo (2025). Rueda de prensa: previsiones de cierre 2024 — récord de turistas internacionales.  https://www.mintur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2025/paginas/rueda-de-prensa-turismo-jordi-hereu-previsiones-cierre-2024-record-turistas-internacionales-gasto.aspx

[7]  Gobierno de España — Consejo de Ministros (20 de marzo de 2026). Real Decreto-ley de medidas urgentes ante el impacto del conflicto en Oriente Próximo.  https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2026/200326_consejo-ministros.aspx

[8]  Transparencia Internacional España (2025). Índice de Percepción de la Corrupción 2024 — España.  https://transparencia.org.es/ipc-2024/

[9]  Ministerio del Interior — Secretaría de Estado de Seguridad (2024). Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2024.  https://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/estadisticas-e-informes/estadisticas-e-informes-de-seguridad/anuario-estadistico-de-interior/

[10]  Eurostat (2025). Youth unemployment rate — Spain. Statistics Explained.  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Youth_unemployment_statistics

[11]  Fundación BBVA / IVIE (2025). El mercado laboral español: evolución del paro juvenil 2014-2025.  https://www.fbbva.es/investigacion/mercado-laboral-espana/

[12]  Ministerio de Sanidad (2025). Sistema de Información sobre Listas de Espera del SNS — 2024.  https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/listaEspera.htm

[13]  Organización Médica Colegial de España / Informe Burnout (2024). Encuesta nacional sobre salud y condiciones de trabajo de los médicos.  https://www.cgcom.es/noticias/informes-y-estudios

[14]  Adecco / Informe Salud y Bienestar Laboral en España (2025).  https://www.adecco.es/empresas/informes-y-estudios/

[15]  Ministerio de Seguridad Social (2024). Evolución de la incapacidad temporal en España: coste y tendencias 2019-2024.  https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas

[16]  Consejo General del Poder Judicial (2024). La corrupción en la estadística judicial 2024.  https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/

[17]  El País (20 de marzo de 2026). Trump respalda retirar las bases de España tras la negativa de Sánchez a apoyar la guerra contra Irán.  https://elpais.com/espana/2026-03-20/trump-respalda-retirar-las-bases-de-espana.html

[18]  El Mundo (19 de marzo de 2026). Lindsey Graham pide retirar las bases militares de España por su negativa a colaborar en la guerra de Irán.  https://www.elmundo.es/espana/2026/03/19/lindsey-graham-bases-militares-espana.html

[19]  Ministerio de Defensa de España (2026). Convenio de Cooperación para la Defensa España-Estados Unidos (referencia histórica 1988, renovado 2015).  https://www.defensa.gob.es/politica/internacional/acuerdos/bilaterales/estados-unidos.html

[20]  Doyle, M. W. (1983). Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs. Philosophy and Public Affairs, 12(3), 205-235.  https://www.jstor.org/stable/2265298

[21]  Levitsky, S. y Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die. Crown Publishing. (Referencia para democratic backsliding).  https://www.penguinrandomhouse.com/books/562246/how-democracies-die-by-steven-levitsky-and-daniel-ziblatt/

Con la asistenta de Claude (Anthropic)