El látigo ajeno

Por qué Occidente usa las injusticias de Irán para agredir, no para ayudar

I. Una opresión real que merece un análisis honesto

La discriminación institucional que padecen las mujeres en la República Islámica de Irán no admite relativismo cómodo. Desde la revolución de 1979, el Estado ha codificado en la ley una desigualdad sistemática: el velo obligatorio bajo pena de cárcel o flagelación, un derecho civil que tasa el testimonio femenino a la mitad del valor probatorio masculino, una herencia que se distribuye con aritmética de segunda clase, y una custodia de los hijos que el divorcio deja casi invariablemente en manos del padre. La muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022, detenida por la policía de la moral, no fue una anomalía: fue la lógica del sistema hecha cuerpo.

Y sin embargo, reducir Irán a esa imagen es también una distorsión. El país tiene una de las tasas de alfabetización femenina más altas del mundo islámico. Más de la mitad de sus universitarios son mujeres. Hay iraníes —médicas, juristas, artistas, activistas— que desde dentro del propio sistema presionan, negocian y resisten, a un coste personal que ningún analista occidental debería subestimar. El movimiento Mujer, Vida, Libertad no surgió de una importación ideológica exterior: emergió de una sociedad civil que lleva décadas madurando su propia conciencia de los derechos. El problema no es el pueblo iraní. El problema es el Estado teocrático que lo gobierna.

II. El espejo incómodo: Occidente y sus propias vergüenzas

Antes de empuñar el látigo de la denuncia, Occidente debería contemplar cuánto tiempo tardó en soltar el suyo propio. En 1895, la justicia británica condenó a Oscar Wilde a dos años de trabajos forzados por su condición homosexual. En 1952, el Estado del que se dice cuna de la democracia moderna trató a Alan Turing —el hombre que había descifrado Enigma y acortado la Segunda Guerra Mundial— con castración química. Las leyes de sodomía se mantuvieron vigentes en numerosos estados de los Estados Unidos hasta el año 2003, cuando el Tribunal Supremo las anuló en el caso Lawrence contra Texas. Alemania Federal no derogó el infame Párrafo 175, heredado del siglo XIX, hasta 1994. Y la Asociación Americana de Psiquiatría no retiró la homosexualidad de su Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales hasta 1973, y solo tras una intensa presión del activismo organizado, no por iniciativa espontánea de la ciencia.

El catálogo de injusticias occidentales no se agota en la persecución homosexual. La violencia contra la mujer no es solo obligarla a cubrirse el cabello: en Europa y América, el feminicidio es todavía una epidemia cuyas cifras avergüenzan a cualquier estadística de progreso. La discriminación racial no terminó con la abolición de la esclavitud ni con el movimiento de los derechos civiles: se perpetúa en brechas salariales, en tasas de encarcelamiento, en brutalidad policial documentada con cámara y aun así impune. La oporofobia —el desprecio estructural hacia la pobreza— es quizás la discriminación más tolerada en las democracias liberales, aquella que nadie llama por su nombre porque incomoda los fundamentos del modelo económico que las sostiene. En todas estas injusticias, Occidente tardó décadas, a veces siglos, en que la ley reconociera el daño. Y donde la ley llegó, la realidad fáctica no la siguió del todo: los mandatos legales y las mentalidades sociales avanzan en tiempos distintos, con frecuencia en abierta contradicción.

III. La mentalidad no se transforma con bombardeos

Este recorrido histórico no pretende establecer una equivalencia moral entre regímenes ni relativizar ninguna injusticia concreta. Lo que establece es algo más sencillo y más incómodo: el cambio de mentalidad es un proceso. No un evento, no una intervención quirúrgica, no una resolución del Consejo de Seguridad. La superación de la homofobia en Occidente no llegó gracias a ninguna potencia extranjera que impusiera sanciones económicas al Reino Unido por haber encarcelado a Wilde, ni que bombardeara Houston por mantener leyes de sodomía. Llegó —imperfectamente, trabajosamente, con retrocesos— a través de décadas de activismo interno, de debate científico, de transformación cultural, de literatura y cine que humanizaron lo que antes se criminalizaba, de generaciones que reemplazaron a generaciones.

La historia de los propios derechos civiles en Occidente demuestra, paradójicamente, que el instrumento más poderoso para transformar mentalidades es exactamente el que se le niega a Irán: el intercambio. El intercambio científico que lleva ideas a través de las fronteras. El intercambio cultural que hace visible lo que la propaganda quiere mantener invisible. El intercambio humano que construye las solidaridades desde las que emerge la resistencia. Las sanciones económicas —ese instrumento favorito de la presión occidental— no desmantelan regímenes autoritarios; los consolidan. Destruyen a las clases medias urbanas e ilustradas, que son precisamente el caldo de cultivo del cambio, mientras los aparatos de poder se aíslan del daño y explotan el agravio como argumento de cohesión nacional.

IV. Los derechos humanos como lenguaje, no como motivo

El argumento se vuelve definitivo cuando se observa la selectividad de la indignación occidental. La misma potencia que convierte la situación de la mujer iraní en casus belli retórico mantiene alianzas estratégicas con Arabia Saudí, donde el régimen ejecuta opositores con sierra mecánica y la discriminación femenina tiene rango constitucional. El mismo bloque que exige a Irán respeto por las minorías cierra los ojos ante la persecución de la población palestina, o ante los estados europeos que criminalizan la migración y construyen muros que matan. No se denuncia donde duele el alma: se denuncia donde conviene la geopolítica.

Esta instrumentalización no invalida la injusticia que denuncia. Las mujeres iraníes sufren discriminación real, independientemente de las motivaciones de quienes la invocan con propósitos ajenos a ellas. Pero sí invalida la autoridad moral de quien pretende actuar en su nombre. Y, lo que es aún más grave, contamina la denuncia misma: cuando la opresión de una mujer se convierte en munición diplomática, esa mujer deja de ser sujeto de solidaridad para volverse objeto de estrategia. Se la usa, exactamente como la usa el propio régimen que la oprime.

V. Denunciar sin agredir, comprender sin justificar

Hay una posición que no es neutral, que no es relativista, que no excusa ningún crimen de Estado, y que aun así se niega a ser cómplice de la hipocresía: es posible condenar la discriminación de la mujer en Irán y al mismo tiempo rechazar que esa condena sirva de cobertura para sanciones que empobrecen a las iraníes, para guerras que las matan, para un aislamiento que priva a su sociedad civil de los aliados que necesita.

La coherencia exige que Occidente se mire en el espejo de su propia historia antes de alzar el dedo. Exige que recuerde que el camino desde la persecución hasta el reconocimiento fue largo y sinuoso incluso para sí mismo, que la legalidad formal no resuelve de un golpe las mentalidades sedimentadas durante siglos, que las mujeres iraníes no necesitan salvadoras externas que las utilicen sino interlocutoras que las escuchen. Exige, en definitiva, que la solidaridad sea real: construida sobre intercambio, sobre ciencia compartida, sobre cultura que atraviesa fronteras sin pedir permiso al Estado que las traza.

El camino hacia la justicia no se abre con bombardeos ni con sanciones que ahogan al pueblo que se dice querer liberar. Se abre exactamente como se abrió en Occidente: con ideas que circulan, con personas que se conocen, con generaciones que sustituyen a generaciones y descubren que el mundo puede ser diferente. Eso es lo que hay que exigirle a la política exterior: no que abandone la denuncia, sino que deje de usar la denuncia como arma y empiece a usarla como puente.

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Serafín Seriocha Fernández Pérez