El derecho a existir armado: Gaza, Irán y la filosofía del despojo

El derecho a existir armado: Gaza, Irán y la filosofía del despojo

Del Artículo 51 de la ONU a la Segunda Enmienda: el doble rasero que prepara el caos

Serafín Seriocha Fernández Pérez

El 7 de octubre de 2023, Hamás lanzó sobre Israel el ataque terrorista más mortífero desde la fundación del Estado hebreo. No hay ambigüedad posible en la calificación del hecho: fue una masacre deliberada de civiles, un crimen de guerra. Tampoco la hay, sin embargo, en lo que vino después: Israel respondió con una destrucción de Gaza que sobrepasó con creces cualquier noción de proporcionalidad reconocida por el derecho internacional. Entre la brutalidad del detonante y la brutalidad de la respuesta, el mundo asiste a un conflicto que no empezó ese día y que no terminará mientras no se examinen sus raíces.

Esas raíces son largas. Hunden en 1948, en el reparto colonial de Palestina, en el Nakba —la catástrofe— que expulsó a cientos de miles de árabes de sus tierras, en décadas de ocupación, bloqueo y humillación sistemática. Occidente prefiere relatar esta historia desde el 7 de octubre como si fuera el primer fotograma. No lo es. Es el último de una película muy larga que nadie en los despachos de Washington o Bruselas tiene interés en proyectar desde el principio.

El Artículo 51 y el mapa del despojo

Lo que sucede en Gaza, sin embargo, no se comprende del todo si se aísla de un patrón más amplio. Casi simultáneamente, el mundo asiste a operaciones militares contra Irán, a presiones coercitivas sobre Venezuela y a la perenne hostilidad contra Cuba. La pregunta que nadie formula con suficiente claridad es la siguiente: ¿qué tienen en común estos países? La respuesta incómoda es que todos ellos poseen algo que otros quieren: petróleo, gas, posición geopolítica, o simplemente la obstinación de no someterse.

El derecho internacional público es inequívoco al respecto. El Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas consagra el derecho inmanente a la legítima defensa, individual o colectiva, de todo Estado soberano. No existe en ese artículo ningún asterisco, ninguna cláusula que diga: "excepto si su subsuelo contiene hidrocarburos" o "excepto si su gobierno no es del agrado de Washington". La seguridad colectiva, en la arquitectura jurídica que emergió de 1945, fue diseñada para proteger a todos los miembros de la comunidad internacional, no para dejar inermes a los más ricos en recursos y más vulnerables en poder militar.

Prohibirle a un Estado soberano los medios de su propia defensa no es una política de paz. Es una política de vulnerabilidad inducida. Es dejar abierta la puerta al que quiere entrar. Tiene un nombre más preciso que "seguridad": se llama despojo.

La paradoja de la Segunda Enmienda

Aquí emerge una paradoja de alcance filosófico que el debate geopolítico convencional evita con llamativa disciplina. La Constitución de los Estados Unidos, en su Segunda Enmienda, garantiza a sus ciudadanos el derecho a portar armas. Los tribunales norteamericanos han interpretado ese derecho de forma expansiva: incluye fusiles semiautomáticos, incluye el derecho a la autodefensa frente a un poder que se percibe como amenaza. El argumento filosófico de fondo es claro: quien no puede defenderse queda a merced de quien tiene más fuerza.

El mismo país que considera inconstitucional prohibirle a un ciudadano privado un fusil de asalto, considera legítimo bombardear a un Estado soberano por intentar poseer los medios de su propia defensa.

La analogía no es jurídica —los Estados no son ciudadanos y el derecho internacional no es el derecho constitucional norteamericano—, pero sí es filosóficamente devastadora. Si el principio que justifica la Segunda Enmienda es la autodefensa ante un poder superior, ¿con qué coherencia se aplica el criterio inverso en el orden internacional? La respuesta, claro está, no es filosófica. Es de poder. Y precisamente por eso merece ser nombrada sin eufemismos.

El pretexto humanitario: un argumento que se destruye a sí mismo

Llegados a este punto, un lector avisado podría objetar: pero ¿qué hacemos con los regímenes que violan los derechos humanos? Es una pregunta legítima. Y tiene una respuesta que no requiere defender a ningún régimen, sino simplemente leer con atención lo que hacen quienes la formulan.

La descalificación del agredido es tan antigua como la guerra misma. Antes de bombardear, hay que deslegitimar al objetivo. No se trata de un juicio moral sino de una operación de comunicación: construir un relato que haga la agresión aceptable para la audiencia propia. Reconocer este mecanismo no equivale a absolver a ningún gobierno de sus crímenes internos. Equivale a no dejarse instrumentalizar por quien lo invoca para justificar los suyos.

Pero es que además el argumento se anula a sí mismo en el instante en que se ejecuta. Si la justificación para atacar a Irán, a Gaza o a cualquier otro es la defensa de los derechos humanos, entonces ese objetivo queda irrevocablemente cancelado en el momento en que caen bombas sobre hospitales, escuelas e infraestructuras civiles. No existe una lectura del derecho internacional humanitario, ni una tradición filosófica mínimamente coherente, que permita promover los derechos humanos mediante su violación masiva y sistemática. El fin no solo no justifica el medio: el medio destruye el fin.

La incoherencia no es accidental. Es estructural. Y por eso no merece ser respondida en sus propios términos —debatiendo si tal régimen es más o menos reprobable— sino señalada por lo que es: un pretexto. El derecho internacional no necesita que los Estados sean democráticos para protegerlos de la agresión. Los protege porque son soberanos. Esa es precisamente la grandeza del sistema de 1945: que fue diseñado para que la ley, y no la fuerza, decidiera quién tiene razón.

Ni izquierda ni derecha: orden o caos

Podría objetarse que la defensa del derecho internacional es una posición ideológicamente predecible: la izquierda criticando la política exterior norteamericana como de costumbre. Esa objeción se desmorona en cuanto se examina quiénes, en Europa, han dicho lo mismo.

Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia y figura indiscutible de la derecha radical europea, compareció este mismo miércoles 11 de marzo de 2026 ante el Senado italiano para declarar que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha realizado "fuera del derecho internacional". Sus palabras no admiten interpretación ambigua: "Nos enfrentamos a una clara crisis del derecho internacional y de las organizaciones multilaterales, y al colapso de un orden mundial común. Este es un proceso que lleva tiempo en marcha, pero que, en mi opinión, ha alcanzado un punto de inflexión muy concreto."

Meloni y Sánchez raramente coinciden en algo. Que lo hagan en este punto —la líder de la derecha europea más dura y el presidente de un gobierno de coalición progresista— no es un accidente retórico. Es la señal de que la fractura real no discurre entre izquierda y derecha. Discurre entre quienes aceptan que la fuerza sustituya al derecho como árbitro de los conflictos internacionales y quienes entienden que, sin normas comunes, no hay orden posible para nadie: ni para los fuertes de hoy ni para los que mañana podrían no serlo.

Esta misma fractura se reproduce dentro de las instituciones europeas. Von der Leyen y Merz, del centroderecha, han dado prácticamente por muerto el multilateralismo y apoyado la ofensiva; Macron, Starmer, Costa y Meloni, procedentes de tradiciones políticas radicalmente distintas, han salido a defender el orden basado en reglas. La línea de ruptura no es ideológica. Es civilizatoria.

El caos como destino anunciado

Pedro Sánchez ha resumido su posición con una fórmula que trasciende la coyuntura: no a la quiebra del derecho internacional, no a resolver los problemas del mundo solo con bombas. El presidente español ha comparado explícitamente la situación con la invasión de Irak en 2003, advirtiendo de que ese camino conduce al aumento del terrorismo, las crisis migratorias y la inestabilidad crónica.

No es retórica alarmista. Es la descripción técnica de adónde conduce un orden internacional en el que las normas se aplican de forma selectiva, en el que el Artículo 51 vale para unos y no para otros, en el que la fuerza sustituye al derecho como árbitro de las disputas. Un mundo así no es más seguro. Es más inestable, más resentido y más proclive a los ciclos de violencia que hoy todos lamentamos pero nadie detiene.

La seguridad colectiva genuina —la que imaginaron los arquitectos de la ONU tras el horror de 1945— exige reciprocidad. Exige que las normas que protegen a los fuertes protejan también a los débiles. En su ausencia, no hay orden internacional. Hay dominación con siglas.

Conclusión: nombrar las cosas

El 7 de octubre fue un crimen. La respuesta israelí sobre Gaza fue, en su desorbitada escala, otro crimen. El patrón que convierte a Irán, Venezuela y Cuba en objetivos de la coerción norteamericana no es seguridad colectiva: es la lógica del despojo disfrazada de defensa del orden liberal. Y el argumento humanitario que lo acompaña no es una razón: es una víctima más, sacrificada en el momento en que la primera bomba cae sobre el primer hospital.

Que líderes tan distintos como Pedro Sánchez y Giorgia Meloni confluyan en la misma conclusión —esta operación viola el derecho internacional, este camino lleva al caos— debería ser suficiente para que el debate dejara de plantearse en términos de bandos ideológicos. No se trata de ser de izquierdas o de derechas. Se trata de elegir entre un mundo con normas o un mundo sin ellas. Entre la convivencia mínimamente ordenada o el caos.

Para evitar lo segundo no hace falta inventar nada nuevo. Basta con leer el Artículo 51. Y con aplicarlo para todos.

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